El anuncio de una huelga de los jueces, que ya se ha señalado para el 26 de junio, es más alarmante de lo que mucha gente se imagina. Porque, en realidad, lo que se anuncia es nada menos que la huelga de uno de los poderes del Estado de Derecho. ¿Qué pensaríamos si se nos dijera que tal día el parlamento de la nación entrará en huelga? ¿No diríamos que estamos locos?

Pero no es esto lo más preocupante. Porque, si los jueces han llegado a tomar una decisión tan difícil de entender, es porque algo muy grave les debe haber puesto de acuerdo, cuando sabemos que entre ellos existen profundas diferencias.

Por supuesto, los jueces tienen razón en las dos principales cosas que piden: más medios para la eficaz gestión de los juzgados y, sobre todo, que se deje de intentar utilizar la administración de justicia para ponerla al servicio de intereses políticos. Insisto en que, en la medida en que estas dos cosas son ciertas, los jueces tienen derecho a protestar.

Pero a lo que no tienen derecho es a exigir sus reivindicaciones amenazando con una huelga. Porque una huelga de uno de los poderes del Estado, antes que la defensa de los derechos de un colectivo, es una agresión directa al Estado mismo. Y para hacer eso, nadie tiene derecho.

Pero nada de lo dicho es lo más alarmante. Lo que más preocupa es el deterioro de la política que el anuncio de huelga de los jueces pone de manifiesto. Al hablar del deterioro de la política, no me refiero a que los políticos sean cada día más inútiles o más perversos. El deterioro político de España no se debe principalmente, creo yo, a la perversión o incompetencia de los políticos, sino a que nuestro sistema político no da más de sí.

Estamos de acuerdo en que un sistema democrático es mejor que una dictadura. Pero ocurre que el sistema democrático se ve sometido en España a una tremenda tensión. Me refiero a la tensión entre los dos grandes partidos mayoritarios, el PP y el PSOE. Porque desde el momento en que los políticos de cada uno de esos partidos tienen que dar cuenta de sus decisiones, no a los ciudadanos directamente, sino al partido que los ha puesto en las listas electorales y al que se ven sometidos por la disciplina del partido, desde ese momento se producen dos consecuencias a cual peor:

1) La crispación en una sociedad, que ya viene fuertemente crispada de tiempo atrás, desde los aterradores tiempos de las "dos españas".

2) Los políticos se ven en la constante tentación de tomar sus decisiones, no en función de lo que interesa a los ciudadanos, sino en función de lo que interesa al partido. Y entonces puede ocurrir (y ocurre) que, por ejemplo, la mejor noticia que hoy le pueden dar a un "buen" político del PP es que la crisis económica le cause más problemas al PSOE, lo que en definitiva es empeorar las cosas a millones de ciudadanos. Como igualmente es cierto que la mejor noticia que hoy le pueden dar a un "buen" político del PSOE es que se destape un escándalo administrativo o económico en una autonomía o un ayuntamiento gestionado por los populares.

Como es lógico, la consecuencia que se sigue de este estado de cosas es que la política se gestiona, muchas veces, más en función de los intereses partidistas que en función de las necesidades de la gente. Eso ocurre en la política nacional, en la autonómica, en la municipal y hasta en las rencillas que se organizan en barrios, tertulias y familias.

La tensión a gran escala está servida. Y todos somos víctimas de ella. Hasta provocar la nausea de los que mandan todo esto a tomar viento, se cansan de política y prefieren vivir en el "pasotismo" ante responsabilidades públicas a las que nadie éticamente puede renunciar.

Lo peor que ocurre en estas situaciones es que el deterioro invade todo el tejido social y afecta, no sólo a las personas, sino además a las instituciones.

El caso de los jueces es patente. Pero no sólo los jueces. Al deterioro de la administración de justicia, se suman, entre otros, el deterioro también de la enseñanza pública y el de la religión. Tanto el uno como el otro son tan clamorosos como patentes. Y en ambos casos, la responsabilidad no es sólo de ahora. La cosa viene de lejos.

En cuanto a la enseñanza, resulta ya difícil recordar cuántas veces se han modificado los planes de estudio de principio a fin. Y como es lógico, quien más responsabilidad tiene en esto es quien más años ha gobernado, que ha sido el PSOE. El hecho es que en la Universidad se quejan cada año más de que los alumnos que les llegan de las enseñanzas medias vienen peor preparados.

Y las universidades españolas se ven ahora mismo en una especie de callejón sin salida. Porque tienen que afrontar unos planes de estudio enormemente más caros sin la dotación económica necesaria para ponerlos en práctica. Con el peligro de que los saberes y la ciencia se elaboren más en función de los intereses de las grandes empresas, que pensando en lo que la sociedad necesita en su totalidad.

Y en cuanto a la religión, confieso que, a mí por lo menos, me da pena, mucha pena. Mi religión, la católica, que es la que mejor conozco, no para de protestar y quejarse, de vociferar y echarse a la calle. ¿Para qué? Los obispos dicen que ellos tienen por misión anunciar a Jesucristo. Pero la verdad es que la impresión que producen muchos de ellos es que les preocupan más determinados asuntos, relacionados con el poder político y económico, que con el Evangelio que anunció Jesús.

El resultado es que la Iglesia ya no está ni en la derecha, sino a la derecha de la derecha, o sea tan al margen que da la impresión de que no está en ninguna parte. O mejor, muchos pensamos que donde está es estorbando, impidiendo que este país funcione mejor.

José M. Castillo