Las consecuencias de
negar la sanidad
al inmigrante irregular
En ocasiones no es
cuestión de ideología, sino de líneas rojas. Las
mías fueron traspasadas ayer con la decisión de negar
a los inmigrantes en situación irregular el derecho a la
salud.
El
Gobierno justifica su decisión en el ahorro de 500
millones de euros del gasto sanitario.
Eso es, sencillamente, imposible de saber.
En primer lugar, el número
de extranjeros que residen irregularmente en nuestro
país es enormemente vaporoso.
En segundo lugar, la
imposibilidad de ser atendidos en la red de asistencia
primaria podría llevar a muchos de ellos a recurrir a
los servicios de urgencias, que ya actúan por encima de
sus posibilidades.
En tercer lugar, la
‘desaparición’ sanitaria de una población de esta
envergadura puede generar problemas de salud pública
cuya resolución compense en gran medida el ahorro que se
pretende hacer ahora. Un ejemplo: España es en este
momento uno de los países desarrollados con mayor número
de enfermos de tuberculosis, una enfermedad con
variantes extremadamente peligrosas que se concentra en
algunos grupos de población inmigrantes.
El
recurso al
argumento del
‘turismo sanitario’
es una infamia. Como demuestran todos los trabajos
serios que se han asomado a este asunto, la mayor carga
relativa de los extranjeros para nuestro sistema de
salud tiene apellidos alemanes, británicos y franceses,
no latinoamericanos o africanos.
Es una consecuencia simple
de la edad de los inmigrantes irregulares y de su temor
a exponerse a cualquier tipo de autoridad. Y si no pagan
más impuestos (porque contribuyen con los indirectos,
señora Ministra) es porque nosotros se lo impedimos.
Estudios sobre el coste de
la rigidez del sistema migratorio en el Reino Unido
demostraron que el Estado perdía más de 1.000 millones
de libras anuales al mantener en la irregularidad a una
población de trabajadores más pequeña que la nuestra.
Ningún ahorro económico compensará el modo en el que
esta medida envilece a nuestra sociedad y a nuestras
instituciones públicas.
Estamos convirtiendo en
un infierno de
incertidumbre y vulnerabilidad la vida de cientos de
miles de hombres, mujeres y niños
que llegaron a nuestro país para trabajar y prosperar.
Seres humanos que conviven con nosotros, a menudo en
nuestras propias casas, padecen una ciudadanía de
tercera clase.
La
medida es cobarde porque se dirige contra aquellos que
no pueden defenderse. Por eso
es absolutamente
esencial que quienes tenemos la capacidad de levantar la
voz lo hagamos ahora.
La oposición debe expresar con claridad lo que esto
significa. La Conferencia Episcopal no puede mantener
por más tiempo esta tibieza bochornosa (son sus propias
organizaciones y fieles los que trabajan en las
trincheras de la política migratoria, defendiendo la
dignidad de nuestras comunidades).
Los
médicos, los enfermeros y enfermeras, el personal de
administración de los centros de salud:
rebélense contra esta
medida. Niéguense a
cumplir una ley que atenta contra la naturaleza de su
profesión.
No permitamos que esto
ocurra. No admitamos la derrota del sentido común y de
la compasión en nuestras conversaciones en el trabajo,
en los colegios de nuestros hijos, en las reuniones con
amigos.
No
aceptemos que, tratando de no ser una sociedad pobre,
nos estemos transformando en una sociedad estúpida y
cruel.
Gonzalo Fanjul
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