LA
CRISIS ECONÓMICA GLOBAL
DECLARACIÓN CONJUNTA DE
INTERMÓN OXFAM, AMNISTÍA INTERNACIONAL y GREENPEACE
Desde
hace unas semanas, los ciudadanos del mundo somos testigos
de los esfuerzos de los Gobiernos del mundo para socorrer a
las entidades financieras y salvarlas de una quiebra
anunciada. Primero el gobierno estadounidense, y después los
europeos, han puesto sobre la
mesa
decenas de miles de millones de dólares y de euros de los
contribuyentes para ayudar a estas compañías en profunda
crisis.
Recientemente, los líderes mundiales se han reunido en
Washington para unificar sus estrategias, y continuar
actuando en socorro de los bancos y entidades financieras.
A
estas alturas es ya imposible cuantificar con exactitud
cuanto dinero
público se está destinando para paliar la crisis financiera
global.
Esta
situación ha desviado la atención de otras crisis igualmente
relevantes para la estabilidad mundial y que afectan
directamente a las vidas de cientos de millones de personas:
las crisis alimentaria, climática y de derechos humanos. La
premura mostrada por los países ricos para atajar el
derrumbe financiero contrasta enormemente con su lentitud y
sus promesas incumplidas en materia de ayuda al desarrollo,
lucha contra la pobreza, derechos humanos y cambio
climático, las prioridades centrales para construir un mundo
más justo.
Todavía es pronto para prever con exactitud las dificultades
que sufrirán los países más pobres como resultado de la
crisis financiera y el consiguiente empeoramiento de la
situación económica.
Pero
es evidente que la reducción de las exportaciones a los
países desarrollados, la reducción de las remesas, el
descenso de la inversión extranjera y la escasez de liquidez
internacional, que afectará especialmente a los países con
menos acceso al crédito encareciendo la financiación de su
desarrollo, derivarán en menos crecimiento y riqueza para
repartir y por tanto menos educación y salud para cientos de
millones de personas.
Para
quienes viven en los países más pobres del mundo esta
situación es literalmente una cuestión de vida o muerte. El
aumento de precios de los alimentos, y las cada vez más
frecuentes sequías, inundaciones y demás catástrofes
meteorológicas derivadas del cambio climático, unidas al
desmantelamiento de las redes de protección social
promovidas por las instituciones financieras
internacionales, están agravando las situaciones de pobreza
y hambre.
A
finales de septiembre, cuando empezaron a salir a la luz
pública las quiebras de Wall Street, en una cumbre de la ONU
se supo que muy pocos gobiernos cumplirán los compromisos
financieros necesarios para alcanzar las metas establecidas
en los Objetivos de Desarrollo del Milenio para reducir la
pobreza de aquí a 2015.
En lo
que se refiere a los derechos humanos, las previsiones no
son buenas. No sólo los derechos económicos y sociales,
incluido el derecho a la vivienda, la salud y la educación,
son objeto de una presión cada vez mayor, sino que existe el
peligro de que se perpetren más violaciones de derechos
humanos.
Si se
produce una recesión económica prolongada y los países se
aprietan el cinturón, las personas migrantes y refugiadas, y
las personas que se encuentran en una situación de mayor
vulnerabilidad en todos los Estados se verán sumidas en
situaciones insostenibles.
Podrían aumentar las tensiones sociales, y el consiguiente
nerviosismo de los gobiernos podría conducirlos a reprimir
la disidencia y a imponer políticas de seguridad pública muy
estrictas que restringirían las libertades civiles. La
crisis actual podría debilitar aún más a Estados ya frágiles
y sumirlos de nuevo en la inestabilidad y la violencia.
En
cuanto al cambio climático, también los compromisos
comienzan a debilitarse. El liderazgo de la Unión Europea se
tambalea, y los acuerdos para una reducción ambiciosa de
emisiones podrían peligrar, condenando al mundo a un cambio
climático irreversible y de consecuencias catastróficas que
afectaría especialmente a las poblaciones más pobres y
vulnerables.
Peores
cosas podrían suceder aún si los países ricos decidieran
utilizar la crisis financiera como un pretexto para
disminuir las ayudas y los intercambios comerciales. La
historia no da pie para el optimismo.
Durante la recesión registrada en 1972 y 1973, el gasto
mundial destinado a ayudas disminuyó un 15 por ciento, hasta
alcanzar sólo 28.800 millones de dólares. Entre 1990 y 1993,
el gasto de los países donantes se redujo en un 25 por
ciento durante cinco años, hasta llegar sólo a 46.000
millones de dólares, y hasta 2003 no se volvió a alcanzar el
nivel de 1992.
La
ayuda humanitaria, lo que nos gastamos para ayudar a las
víctimas de conflictos y desastres naturales, disminuyó
también de forma muy sensible durante un periodo similar
como consecuencia directa de la recesión registrada entre
1990 y 1993 (esta tendencia sólo se frenó durante los
conflictos de Ruanda y Kosovo).
En
cuanto a los intercambios comerciales, por ejemplo, los
países reaccionaron al desplome de Wall Street de 1929 y a
la depresión económica mundial levantando barreras
aduaneras, y el comercio mundial se redujo casi en un 70 por
ciento.
Si en
2009 se repitiera este patrón, estaríamos ante un desastre
de magnitudes extraordinarias para las personas de los
países pobres, que pagarían un coste elevadísimo por el
descontrol de la burbuja crediticia en Norteamérica y
Europa,. A ello se une el impacto que ya está teniendo la
reducción en los flujos de remesas, que para algunos países,
como Bolivia o Bangladesh, constituyen hasta el 10% del PIB.
España
no es una excepción a esta deriva global. Mientras la crisis
económica y financiera ocupa la agenda del gobierno de
manera prioritaria y casi única, se desdibujan a la misma
velocidad los compromisos del gobierno en materia de medio
ambiente y derechos humanos y se anuncia el congelamiento en
el incremento de la ayuda al desarrollo para 2009.
Los
derechos humanos no son un lujo propio de épocas de
prosperidad. En tiempos de recesión económica, las
obligaciones de derechos humanos de los Estados ni se
extinguen, ni se atenúan.
Los
derechos humanos deben ser una prioridad si la recuperación
económica se pretende que sea sólida y sostenible. Por otro
lado, la inacción ante el cambio climático no es una opción
viable.
Y en
cuanto a la pobreza, hay que asumir que la pobreza global es
la negación de todos los derechos, y además una amenaza a la
estabilidad mundial. Los países ricos deben dejar de mirarse
el ombligo y asumir su responsabilidad sobre el desarrollo
global, ya que son los responsables de la actual crisis y
por tanto de sus consecuencias para los más pobres.
No es
sólo una cuestión de dinero, sino de atención sostenida,
colaboración internacional y decidida voluntad política de
abordar los grandes problemas. En el marco del 60º
aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
los gobiernos deben garantizar a través de una regulación
sensata, la adecuada protección de los derechos de las
personas que pertenecen a los grupos más vulnerables para
prevenir un incremento de la pobreza y una sostenibilidad
medioambiental a largo plazo y y. Deben dar muestras de una
capacidad de liderazgo sin precedentes para construir una
economía global que sea respetuosa con el medio ambiente y
en la que la mejora de la vida y de los medios de
subsistencia de todas las personas prime sobre un sistema
que beneficia sólo a unos pocos privilegiados.
Seis propuestas concretas para el gobierno español
Por
todo ello,
Amnistía Internacional, Greenpeace e Intermón Oxfam,
desde nuestros respectivos ámbitos de trabajo a favor de los
derechos humanos, en defensa del medio ambiente y en la
lucha contra la pobreza, instamos al Gobierno español a:
1.
Adoptar un Plan estatal contra el racismo que ataje
el posible incremento de la discriminación, el racismo y la
xenofobia en el contexto de la recesión económica. La
administración central debe aprovechar la revisión de la Ley
de Extranjería para garantizar el respeto de los derechos
humanos de las personas extranjeras, independientemente de
su situación administrativa y especialmente de las mujeres
inmigrantes víctimas de violencia de género. Igualmente, la
revisión de la Ley de Asilo debe garantizar el acceso a la
protección internacional para las personas que la necesiten.
2.
La lucha contra la violencia de género debe ser una
prioridad para el Gobierno español también en tiempos de
crisis. Se debe convocar con urgencia la Conferencia de
Presidentes de las Comunidades Autónomas sobre la violencia
de género, que ha sido pospuesta sin fecha.
3.
Asumir el compromiso en el marco de la Unión Europea
de una reducción efectiva de las emisiones de CO2, hasta
alcanzar una reducción del 30% en el año 2020 (respecto a
1990).
4.
Introducir los cambios necesarios en la política
energética para la sustitución progresiva y completa de las
energías fósiles y nuclear, por energías renovables.
5.
Cumplir el compromiso europeo de destinar el 0,56%
del PNB a la AOD en 2010, y el de alcanzar el 0´7% del PNB
en 2012.
6.
Promover y apoyar la reforma profunda del FMI y el
Banco Mundial. En el futuro, estas instituciones deberían
abandonar la imposición de las políticas neoliberales a los
países en desarrollo, políticas que han contribuido a
generar la actual situación de crisis.
4 de diciembre de 2008
