El martes 5 de agosto un avión de Air Europa partió supuestamente del aeropuerto de Barajas con destino a Nigeria y Senegal. No era un avión comercial: un tercio del pasaje debería estar compuesto por senegaleses y nigerianos sin papeles, el resto de los viajeros serían policías que custodiaran al primer grupo. Fue un vuelo ‘supuesto’ porque, a pesar de haber sido confirmado por varias organizaciones en defensa de los inmigrantes, no fue anunciado por los paneles informativos del aeropuerto ni será incluido en los balances oficiales que publica Interior.

El Ministerio adjudicó a Air Europa y Swiftair en 2012 el servicio “de transporte aéreo de pasajeros para el traslado de ciudadanos extranjeros y de los funcionarios policiales encargados de su custodia a otros países”. La entrada en vigor de este contrato supuso el inicio de los denominados vuelos macro de repatriación, también conocidos como “vuelos de la vergüenza”.

El año pasado, según datos del Defensor del Pueblo –que los solicitó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras– se organizaron 148 vuelos especiales que llevaron de vuelta a su país de origen a 3.110 personas. No todos los que acabaron siendo expulsados viajaron en esos vuelos. De hecho, España puede repatriar por tierra (entrega a los gendarmes marroquíes en Ceuta y Melilla), mar (ferris al Magreb) y aire (vuelos comerciales y vuelos especiales). 

Son numerosas las instituciones y organizaciones de la sociedad civil –Naciones Unidas, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, Pueblos Unidos, Amnistía Internacional y la Campaña contra el Cierre de los CIE, entre otras– que alertan de que en los días previos a la fecha prevista para un vuelo de estas características aumenta el número de controles de identidad en la calle con vistas a ‘llenar’ el avión de Madrid. (Efe)

“Pongamos que hay previsto un vuelo especial a Ecuador. Como la fecha ya está fijada, si Interior quiere buscar a personas de esa nacionalidad solo tiene que consultar su base de datos y los detienen en los días previos para llenar los aviones. Son inmigrantes que no tienen ninguna causa pendiente”, explica Cristina Manzanedo, abogada de la organización jesuita ‘Pueblos Unidos’.

Por su parte, Javier Estévez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), admite que “se puede dar algún caso de detención urgente por la premura” y que desde que se informa a una persona de la apertura de un expediente de expulsión hasta que se le expulsa “puede pasar mucho tiempo”. Sin embargo, aclara, “los policías no tenemos ningún interés en aumentar la lista de expulsados”.

“Estamos expulsando a gente que no tendría por qué irse”

Según el último Balance de Lucha contra la Inmigración Irregular, en 2013 fueron expulsadas de nuestro país 8.984 personas. A su vez, el Defensor del Pueblo, a través del informe sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, reconoce que ese mismo año 4.726 extranjeros fueron repatriados desde un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). "¿Y el resto de los expulsados, de dónde salen?", se pregunta Manzanedo. El Confidencial se ha puesto en contacto con el Ministerio del Interior en busca de una explicación sobre el origen de las más de cuatro mil personas restantes que no aparecen en las estadísticas, pero Interior no ha querido dar información al respecto.

La Campaña Estatal por el Cierre de los CIE publicó en mayo el libro ‘Paremos los vuelos’. Tras meses de seguimiento a casos particulares de inmigrantes, desde que les detienen hasta que aterrizan en su país, esta publicación ha conseguido arrojar un poco de luz sobre el operativo que se despliega a la hora de organizar un vuelo macro.  

“A las once de la noche del jueves 26 de septiembre [de 2013] un vuelo salió del aeropuerto de Barajas con destino Dakar […] Cuando llegaron a Barajas comprobaron la magnitud de la operación. Decenas de compatriotas esperaban allí, retenidos por la fuerza en una sala del aeropuerto. Una veintena aproximadamente procedía del CIE de Aluche; otros habían sido trasladados desde el CIE de Zona Franca (Barcelona) y de Zapadores (Valencia). Sin embargo, también había otros casos de inmigrantes detenidos en los últimos días, y que por tanto venían directamente de los calabozos.”

Cristina Manzanedo señala que “España está expulsando a gente que no tendría por qué irse si sus expedientes fueran actualizados; se trata de personas con un fortísimo arraigo aquí” y considera que las expulsiones exprés están muy vinculadas a los vuelos colectivos de deportación. A este respecto el sindicato policial cree que las 'detenciones exprés' “quedan en un vacío legal” y su práctica no es “justificable desde el punto de vista ético”. No existen, sin embargo, datos oficiales que confirmen o desmientan la práctica de ejecutar expulsiones en menos de 72 horas.

Daniel Jarreta

El Confidencial