Nueva provocación del gobierno de Daniel Ortega contra la Iglesia nicaragüense. Al día siguiente de que los templos católicos del país centroamericano conmemorasen el segundo aniversario del que se considera un “atentado” (así lo calificó el papa Francisco y una investigación independiente) contra la capilla de la Catedral Metropolitana de Managua, que fue incendiada, este lunes 1 de agosto, la policía irrumpió en un templo de la diócesis de Matagalpa para apropiarse de los equipos de una de las seis radios católicas cuyo cierre ha sido decretado en el mismo día por las autoridades.

"Queremos dejar claro que si tocan a uno de nuestros sacerdotes, tocan a toda la diócesis de Matagalpa", señalaron desde la diócesis que pastorea el obispo Rolando Álvarez, uno de las voces más críticas con el presidente Ortega, y que ha sido también objeto de acusaciones y hostigamiento, lo que incluso le llevó a declarase en huelga de hambre.

La policía, según señaló la diócesis en sus redes sociales, entró a la fuerza en la capilla Niño Jesús de Praga en el municipio de Sébaco, anexa a la casa donde se aloja el sacerdote Uriel Vallejos, quien pidió a sus amigos y fieles acudir a la parroquia donde, según afirmó, “estoy siendo asediado”.

"La policía ha violentado los candados de la capilla para entrar donde están los equipos [de la Radio Católica, de Sébaco] para llevárselos. La policía está agrediendo a los fieles que están dentro del colegio", aseguró el sacerdote. Según imágenes divulgadas en las redes sociales, al lugar, en el que suena las campanas en señal de alarma, han acudido decenas de feligreses a defender las instalaciones y los equipos de Radio Católica y han sido repelidos por la policía con disparos al aire y bombas lacrimógenas.

El Gobierno de Ortega, en medio de continuas discrepancias con la Iglesia, ordenó el cierre de seis emisoras católicas apelando a su presunta ilegalidad, ante lo que el obispo Álvarez retó a las autoridades a demostrar públicamente quién tiene la razón en cuanto a la legalidad o no de las radios católicas.

"Hemos dado testimonio que el 7 de julio del 2016, personalmente fui a una reunión con el anterior director de Telcor [el organismo oficial que regula las telecomunicaciones] con todos los folios de nuestras radios para que pedir que nos pusieran en la ley, según las órdenes vigentes de Telcor, y nunca recibimos respuestas como es ya la costumbre del Gobierno en este y muchos otros casos", señaló el obispo.

"De tal manera que si la directora de Telcor me quiere recibir, le llevaré, con el recibido y firma de ese mismo día de Telcor, todos los documentos que les presenté. Si ellos tienen razón, yo mismo diré ante el pueblo que está correcto que cierren nuestras radios, pero si no tienen la razón, que tengan la valentía y el coraje de decir que ellos se equivocaron o que ellos quieren a propósito cerrar nuestros medios de comunicación", retó.

Expulsión del nuncio y de las monjas de la Madre Teresa

Este nuevo enfrentamiento se suma a las ya muy graves decisiones que el régimen presidencialista del matrimonio Daniel Ortega-Rosario Murillo ha ido tomando en los últimos años con respecto a la Iglesia católica, entre ellas, la expulsión del nuncio, el asalto a varias iglesias durante la dura represión contra manifestaciones ciudadanas en 2018 -que se saldó con centenares de muertos, muchos de ellos jóvenes universitarios que se habían refugiado en los templos-, el goteo de cierre de emisoras católicas o la expulsión de las monjas de la Madre Teresa el pasado mes.

Estas decisiones que marcan la deriva autocrática del régimen sandinista de nuevo cuño han estado salpicadas por graves acusaciones por parte de Ortega a los obispos, a los que ha llamado "terroristas" tras su mediación en el diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018. Asimismo, también los ha calificado de "golpistas", acusado de ser cómplices de fuerzas internas y de grupos internacionales que, en su opinión, estarían actuando en Nicaragua para derrocarlo.

A pesar de la cautela de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y de la propia Santa Sede, que entienden que los Ortega-Murillo están buscando la mínima excusa para romper todos los puentes con la Iglesia en país cuya población se confiesa católica en casi un 60%, la desconfianza va a más, acrecentada tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre, donde Ortega fue reelegido para un quinto mandato -cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, como vicepresidenta- con sus principales contendientes en prisión y con unos pastores reclamando mayores garantías democráticas. Y la escalada de tensión puede ir a más.

J. Lorenzo/EFE

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