“La desigualdad existente entre el patrimonio medio de los hogares ricos y pobres se ha doblado en tan sólo 12 años” aseguraba el editorial anterior. El 27,9% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Ese crecimiento de la desigualdad no es algo inevitable, sino consecuencia de unos mecanismos que fabrican desigualdad. De decisiones políticas que están conduciendo a un cambio de modelo social, a una progresiva desposesión de derechos sociales y económicos constitucionales.

Se nos repite con frecuencia que, para salir del estancamiento económico, no hay otra alternativa que reducir el gasto público y aceptar la rebaja de una serie de derechos para recuperar competitividad. “Gracias al esfuerzo de todos hoy estamos saliendo a flote y los grandes indicadores económicos se van recuperando”. Parece cierta la recuperación de los indicadores macroeconómicos; pero tal recuperación se está produciendo a costa de la pérdida de nivel de vida de las grandes mayorías, mientras que la minoría privilegiada sigue aumentando sus ingresos. Se está gobernando al servicio de los intereses de los accionistas de la gran banca y las grandes empresas.

Mecanismos que fabrican desigualdad: Entre sus causas inmediatas, se citaba en el editorial anterior “El desempleo sin ningún tipo de prestación, que afecta a unos tres millones de personas.” “El necesario control del gasto público – se nos dice – hace imprescindibles estos recortes en prestaciones”. Pero ese criterio no parece servir cuando se toleran o se promueven situaciones como éstas que denuncian los Inspectores de Hacienda: “Desde el estallido de la crisis económica, el número de ricos en España ha crecido un 60%. La riqueza de estas personas roza los 500.000 y entre el 30% y el 40% de este dinero está en paraísos fiscales”. “Mientras tanto, las rentas bajas se desploman y 5,4 millones de contribuyentes ingresan ya menos de 6.000 euros al año.” España es uno de los estados europeos donde la evasión de capital provoca mayor desigualdad.
“Y si hablamos de prácticas legales, según la Agencia Tributaria “las ocho mayores fortunas españolas atesoran más de 5.000 millones en sus SICAVs, que les permiten tributar al 1%, frente al 25% que rige para el resto de las empresas”. “Las grandes empresas pagan el 7,3 % de impuestos de sociedades. Los trabajadores el 14,9 % de IRPF. España podría saldar dos veces su déficit si recaudara como el resto de países del euro. Pero las autoridades políticas prefieren favorecer una acumulación de capital que con demasiada frecuencia se orienta hacia prácticas especulativas y no crea riqueza real.”

Se nos advierte también que, para lograr la estabilidad presupuestaria, hay que respetar “la regla del techo de gasto”; pero, en realidad, esta regla sólo sirve para el gasto social: sanidad, educación, vivienda, pensiones y dependencia. No, por ejemplo, para defensa, donde el presupuesto destinado para la compra de armamentos, ajeno a las necesidades defensivas de nuestro territorio, es un despilfarro pensado en función de intereses belicistas de grandes potencias que no son, precisamente, los de España. Pero, claro, en estas empresas de armamento tienen sus capitales los accionistas de los grandes bancos españoles y extranjeros.

Otro factor que influye: “el subempleo eventual y poco remunerado”. Medida imprescindible, se nos dice, para recuperar competitividad frente a otros países. Y así, mientras la economía crece, los salarios han reducido su poder adquisitivo en un 10%. “Las camareras de piso y los vigilantes jurados ingresan casi la mitad que antes de la crisis”. Incluso se generaliza el robo del trabajo no remunerado: una media semanal de 3,5 millones de horas extra no remuneradas supone un ahorro para las empresas con el que se podrían crear 156.000 empleos. En consecuencia, el capital empresarial se ha multiplicado por cinco entre 1994 y 2015. A ello han contribuido las reformas laborales que han incrementado el desempleo, la precariedad y la amenaza del despido. Han desregularizado el anterior mercado de trabajo y producido en masa trabajadores pobres, el ejército de reserva del precariado y las nuevas formas de exclusión.

Se destacaba también, en dicho editorial, “el endeudamiento de las familias” como causa de la creciente desigualdad. Se nos presenta este endeudamiento como una práctica solidaria de los bancos que, ante la situación de precariedad, “facilitan” los préstamos para ayudar a hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, con la crisis hemos experimentado cómo el endeudamiento se convierte a menudo en herramienta de sometimiento de los pueblos. Los bancos han conseguido el control de la política económica del Banco Central Europeo. Así vemos cómo el BCE, con el dinero de todos los ciudadanos, concede préstamos a la banca privada y a las grandes corporaciones empresariales al 0 % y éstas lo prestan luego al 4, 9, 10 % o más, a las familias, PYMES e instituciones públicas. Es el socialismo al revés y una turbina de propulsión de los niveles de desigualdad social que padecemos.
Estas políticas no son inevitables. Hay medidas alternativas, como las que, a pesar del corsé impuesto por la UE, está tomando el gobierno portugués. Medidas que promueven la recuperación del poder adquisitivo de los portugueses y, al mismo tiempo, mejoran la actividad económica del país: recuperación de salarios y pensiones, la conversión de contratos temporales en indefinidos y rebajas en las contribuciones a la seguridad social para los nuevos empleos juveniles; para 2018 se reducirán los impuestos a los trabajadores. A lo que se añade el aumento de la transparencia y la lucha contra la corrupción, que se ha convertido en una prioridad real de los servicios de la fiscalía.

Y, entre nosotros, las medidas que proponen los inspectores de Hacienda en materia fiscal: “Las últimas reformas impositivas, dicen, han supuesto una traslación desde la imposición directa a la indirecta, y dentro de la directa, desde las rentas del capital a las rentas del trabajo. Para combatir la desigualdad hay que introducir cambios en la estructura fiscal: subir los impuestos a los beneficiarios de las mayores rentas, dando más peso a los impuestos directos, y aumentar el número de tramos de la tarifa del IRPF”.

En esta misma línea, las políticas económicas del nuevo equipo del Ayuntamiento de Madrid, ¡intervenidas increíblemente por el ministro Montoro!, han conseguido, al mismo tiempo, sanear las cuentas, terminando el ejercicio de 2016 con superávit y poner en marcha un ambicioso plan de mejora de la ciudad, potenciando las políticas públicas y los servicios sociales. Entre otras medidas se ha bajado el IBI a los vecinos de los 22 barrios con menores ingresos, un 25% de las viviendas de la ciudad. Mientras que se han encontrado nuevos nichos de recaudación en sectores que antes “inexplicablemente” apenas tributaban, lo que ha supuesto, en conjunto, un aumento del 4,67 % de recaudación.

Parece claro, por tanto, que ese crecimiento de la desigualdad no es algo exigido por los principios de la “ciencia económica”, sino consecuencia de decisiones políticas que, no sólo programan desigualdad, sino que, además, dificultan una recuperación económica consolidada a largo plazo.

El papa Francisco lo señala: “Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común. Además, la deuda y sus intereses alejan a los países de las posibilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. A todo ello se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta”, (EG, 56).

Editorial 7 noviembre 2017. Redes Cristianas